PRIMERO. Somos un movimiento político con vocación de Gobierno. Nuestro propósito es impulsar un programa integral de reformas económicas y políticas que permita a Chile alcanzar, de una vez por todas, la condición de país desarrollado.

SEGUNDO. Creemos en la República y en la democracia representativa, sustentada en el voto individual y universal de los ciudadanos chilenos. Defendemos la descentralización, pero siempre dentro de un Estado unitario al servicio de nuestra Nación. Sostenemos que el derecho a sufragio corresponde exclusivamente a los chilenos, excluyendo a los extranjeros no naturalizados y a quienes hayan sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva de acuerdo a las leyes chilenas. 

Asimismo, proponemos avanzar hacia la instauración de un examen de conocimientos cívicos básicos como requisito para ejercer el derecho a voto, con el fin de elevar la calidad de nuestra democracia. Creemos que un examen objetivo, universal y aplicado por igual a todos los ciudadanos es razonable al buscar fortalecer la calidad del sufragio y de la democracia, en plena consonancia con el artículo 25° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prohíbe las restricciones indebidas a este derecho.

TERCERO. Creemos en la primacía del individuo sobre la colectividad. Defendemos la libre iniciativa privada y la fuerza creadora del ser humano. Reivindicamos el respeto irrestricto a las características esenciales de la naturaleza humana —el gregarismo, la jerarquía y la territorialidad— y rechazamos todo intento de desconocerlas con fines políticos.

Sostenemos que el Derecho surge de la igualdad volitiva originaria entre los individuos: como todos desean vivir, ser libres y disfrutar del fruto de su trabajo, nace de manera natural el derecho a que esos deseos sean respetados, junto con el deber de respetar los ajenos. Cuando esa igualdad se rompe aparece la entropía social (caos), lo que exige restablecer el equilibrio mediante la justicia y el derecho.

Entendemos el Derecho como el sistema de normas que regula la conducta humana para reducir la entropía social, y la Justicia como la actividad que restituye el orden cuando la libertad humana —impredecible y muchas veces inclinada a la transgresión— lo altera. Así, la Justicia corrige y el Derecho previene, preservando el orden social.

CUARTO. Es el país quien posee un Estado, y no el Estado quien posee al país. País y Estado no son sinónimos. Definimos al Estado como el conjunto de ciudadanos organizados políticamente, conforme a las normas de la Constitución, encargados de legislar, administrar justicia y ejecutar las leyes. Su rasgo distintivo frente a cualquier otro grupo humano es la administración del monopolio de la fuerza para mantener el orden. El Estado no somos todos: es un grupo de personas al servicio del bien común. La Nación, en cambio, sí somos todos.

QUINTO. Concebimos la libertad humana como fuente tanto de orden como de entropía social. La razón, al enfrentarse con la libertad, genera espontáneamente responsabilidad y, con ella, orden. Sin libertad sobrevienen el caos, la anarquía y los intentos totalitarios de ideologías que desconocen el gregarismo, la jerarquía, la territorialidad y la racionalidad propias del ser humano.

Rechazamos, por ello, la ideología marxista y su expresión política llamada comunismo, cuyo proyecto utópico e irrealizable ha destruido la dignidad, la libertad y la fraternidad allí donde ha gobernado. El ser humano es naturalmente gregario y colaborador entre los distintos estamentos sociales naturales —trabajadores, comerciantes, políticos y guerreros —, pero el marxismo siembra la discordia entre ellos, rompiendo el tejido social que nuestra especie ha construido.

Promoveremos siempre la colaboración y la concordia entre los diversos estamentos de la sociedad civil, y rechazaremos con firmeza cualquier manifestación que, amparándose en la democracia, busque destruirla.

SEXTO. Creemos en la libertad, en la fuerza creadora del ser humano y en su capacidad infinita para colaborar en la satisfacción de las más diversas necesidades. Impulsaremos reformas que reduzcan de manera efectiva el tamaño desproporcionado que hoy tiene el Estado de Chile, que ahoga y limita el desarrollo de la sociedad civil.

Promoveremos la eliminación de las filtraciones denunciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Terminaremos con los subsidios a falsos exonerados políticos, con las transferencias de dinero a criminales y violentistas de la insurrección del 2019, y con las pensiones vitalicias a los ex Presidentes de la República. Asimismo, suprimiremos todo privilegio legal o discriminación arbitraria en favor de grupos o individuos, y combatiremos con decisión todos los planes de gasto público ineficientes.

SÉPTIMO. Creemos firmemente en la educación como el principal motor de promoción social y superación de la pobreza. Por ello, impulsaremos reformas estructurales que incorporen el mérito personal como elemento central en la formación de los estudiantes, y leyes que aseguren que ningún niño o joven talentoso quede privado de estudiar por falta de recursos.

Presentaremos proyectos de ley para restablecer la selección en los establecimientos públicos de excelencia, junto con un mejoramiento transversal de la calidad en todos los demás colegios públicos.

No atacaremos jamás a los privados que, en ejercicio de su libertad, deseen desarrollar proyectos educativos conforme a sus propios valores, principios y credos. En la misma línea, no permitiremos que el Estado imponga planes de educación sexual sin el consentimiento expreso y la participación activa de padres, madres, tutores y centros de padres de cada comunidad educativa.

Nos opondremos activamente en el Parlamento a todo intento de imponer leyes de tipo “ESI” o similares, que han demostrado en otros países convertirse en mecanismos de adoctrinamiento e hipersexualización temprana de los niños.

En materia de adoctrinamiento político, impulsaremos proyectos de ley que sancionen penalmente a todo profesor que utilice las aulas para transmitir su ideología. Declararemos por ley la indemnidad política de los niños y jóvenes de Chile, creando los tipos penales necesarios para combatir este flagelo.

OCTAVO. Creemos en la abolición progresiva de la presencia del Estado en la salud chilena. Cada año, cerca de 10.000 chilenos mueren esperando una cirugía en el sistema público, y decenas de miles más han perdido la vida por falta de atención. Estas muertes son responsabilidad directa del Estado, y perseguiremos las responsabilidades internacionales que correspondan.

Proponemos la privatización progresiva de todos los servicios de salud como solución definitiva a este flagelo. El traspaso de la infraestructura pública se realizará a pequeñas y medianas sociedades médicas compuestas por TENS y doctores, quienes asumirán la titularidad de dichos recintos. La experiencia demuestra que, en manos del Estado, esa infraestructura solo ha producido muertes, dolor y esperas interminables.

Al mismo tiempo, presentaremos reformas para fortalecer un seguro nacional de salud que compita en igualdad de condiciones con los seguros privados, defendiendo siempre el derecho de los ciudadanos a elegir libremente la cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades y preferencias.

NOVENO. Rechazamos el sistema de reparto en seguridad social. Cada ciudadano tiene el derecho y el deber de trabajar, y a su vez la obligación de ahorrar para su vejez.

Promoveremos leyes que protejan a la mujer casada en sociedad conyugal, y normas especiales para la mujer no casada o casada bajo otros regímenes patrimoniales, cuando su pareja, marido o hijos no aseguren su sustento en la vejez.

Realizaremos las reformas necesarias para impedir que los migrantes ilegales accedan a beneficios de seguridad social que pertenecen a los chilenos. Asimismo, presentaremos proyectos de ley que eleven a 25 años el requisito de residencia legal para poder acceder a una pensión de emergencia.

DÉCIMO. Confluencia Por Chile se declara un movimiento político cuyos militantes aman profundamente a Chile y defiende los valores fundamentales de nuestra nación: la vida, la libertad, la dignidad, la familia, la propiedad privada, la autonomía de los cuerpos intermedios, la libre iniciativa en materia económica, la separación de los poderes del Estado, la igualdad ante la ley, el principio de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia; herencia jurídica proveniente de siglos de evolución política que consideramos positiva para el bien común.

Nos sentimos orgullosos de la civilización hispano-occidental de la que somos herederos y del sistema moral deontológico enseñado por Jesucristo. Defendemos los principios que han dado identidad a nuestra Nación, reivindicamos nuestra herencia cultural hispana, y honramos a nuestros antepasados de España, nación a la que consideramos la madre patria de Chile y respetamos con especial cariño.

Somos también orgullosos de la historia de nuestra tierra y Patria chilena, la que no nació simplemente con su declaración de independencia. Respetamos a nuestros padres fundadores españoles y chilenos, sus tradiciones campestres y urbanas, sus fiestas religiosas y laicas, y sus glorias y victorias militares. Defendemos la soberanía y la independencia nacional frente a todo intento de globalismo o de injerencia de organismos internacionales, países o individuos en nuestros asuntos internos.

Al mismo tiempo, rechazamos de manera expresa toda doctrina, culto o ideología que atente contra la razón, las ciencias exactas, la dignidad humana, los valores de nuestra civilización, y el sistema deontológico cristiano. Repudiamos la gnosis, el satanismo, la cienciología, el esoterismo y las teorías conspirativas carentes de sustento objetivo, incluyendo el terraplanismo y los grupos antivacunas radicalizados y extremistas que ponen en riesgo la salud de bebés y niños inocentes. Asimismo, rechazamos con firmeza las ideologías totalitarias y colectivistas como el marxismo, el fascismo, el nacionalsocialismo y el monarquismo absolutista, todas ellas enemigas de la libertad, igualdad y dignidad que defiende nuestra Constitución Política.

UNDÉCIMO. Defendemos el derecho a la vida del que está por nacer. Confluencia Por Chile se declara un movimiento a favor del nasciturus, y repudiamos enérgicamente todo intento político de presentar el mal llamado “aborto libre” como un falso derecho de la mujer o como un supuesto derecho humano, inexistente en la legislación nacional y no reconocido en ningún tratado vigente y ratificado por Chile.

Como movimiento, impulsaremos leyes que promuevan la responsabilidad sexual y afectiva de la juventud, entreguen información certera y objetiva sobre las enfermedades de transmisión sexual, la relación inseparable entre afecto humano y ejercicio de la sexualidad, y los métodos de anticoncepción. Asimismo, defenderemos una educación sexual respetuosa de la libertad de cada comunidad educativa —tanto laica como religiosa—, y rechazaremos toda imposición desde el Estado de una visión moral totalitaria sobre la sexualidad y los afectos.

Somos respetuosos del proyecto de vida de cada individuo y de su libertad en el ámbito amoroso y afectivo, siempre que ello no implique la validación de perversiones que atenten contra la dignidad humana. En ese sentido, rechazamos enérgicamente la pedofilia, el incesto, la zoofilia, la necrofilia, el exhibicionismo y toda práctica sexual contraria a la dignidad de la persona.

DUODÉCIMO. Declaramos nuestra defensa política de los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana: la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley; la vida privada y la intimidad; la propiedad sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a la humanidad; la honra; un juicio justo e imparcial; la presunción de inocencia; la libertad de movimiento; la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; el derecho sagrado a la legítima defensa; la libertad de creencias políticas, espirituales y religiosas; la libertad de asociación para fines legítimos; la libertad de trabajo y emprendimiento; el derecho a la educación, a la salud, a una vejez digna y a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Creemos en la capacidad colaboradora del ser humano y sostenemos que, para garantizar estas libertades, debe privilegiarse la provisión privada por sobre la pública. Allí donde crece el Estado, crece la corrupción; en cambio, el privado, dentro de un mercado sano y bajo fiscalización eficiente, siempre buscará ofrecer un mejor servicio, cuidar su inversión y competir para ganar la confianza de quienes recibe su pago. 

El problema histórico de Chile ha sido la ineficiencia del Estado como fiscalizador, muchas veces corrompido por privados inescrupulosos y políticos corruptos. Por eso afirmamos que cuando la provisión está en manos privadas, con una fiscalización apropiada, la competencia asegura calidad y precio justo (que concebimos como el correspondiente al precio de mercado) para la sociedad.

El Estado chileno nunca fue capaz de proveer servicios sociales de manera proba y eficiente, a pesar de contar con recursos suficientes. Como movimiento, creemos que no lo hará nunca debido a problemas endémicos de nuestra idiosincrasia nacional: el “vivaracho”, el despilfarro, la mediocridad y una anomia cada vez más extendida. Nos declaramos enemigos acérrimos de la corrupción, de la mediocridad y de toda cultura que normaliza la inmoralidad, la ilegalidad, y malas prácticas en la política.

Estamos convencidos de que, confiando en los privados con las debidas reglas de fiscalización, podremos terminar con las listas de espera que hoy le cuestan la vida a miles chilenos al año, y con los pésimos resultados de la educación pública, acercándonos a los estándares de los países más desarrollados del mundo.

DÉCIMO TERCERO. Creemos en la formación partidaria como principal pilar fundamental de una militancia responsable y comprometida. Nuestro movimiento pondrá a disposición de sus simpatizantes y militantes una academia dedicada a la formación cívica, entregándoles las herramientas necesarias para servir al país.

Todo militante deberá graduarse tras completar un plan de estudios en varios ámbitos (derecho, economía, historia, filosofía, oratoria, redes sociales, y reglamentos de convivencia interna) destinado a asegurar que compartamos un mismo proyecto político y más importante aún, los valores y principios que constituyen la base permanente de nuestra acción pública.

DÉCIMO CUARTO. Nuestro movimiento declara como valores esenciales e irrenunciables de su acción política la lealtad hacia las propias ideas, la democracia interna, la participación activa de la militancia y el mérito personal como motor de ascenso partidario.

Rechazamos el amiguismo caprichoso en la conformación de equipos, el nepotismo, la corrupción, los delitos funcionarios y todo conflicto de intereses.

Se redactará un Código de Conducta del Militante, que establecerá los deberes éticos de cada miembro y cuya observancia será obligatoria para todos. 

DÉCIMO QUINTO. Confluencia Por Chile tiene vocación de Gobierno y declara al país su propósito de convocar a las grandes mayorías que se identifiquen con los valores de la libertad, el orden público y la igualdad ante la ley.

Aspiramos a conformar, en primer lugar, una inmensa mayoría social que comparta estos principios; luego, una mayoría parlamentaria que los respalde, para finalmente alcanzar el Gobierno y hacer realidad nuestro proyecto país en beneficio de todos los chilenos y las futuras generaciones.

Santiago, 22 de diciembre de 2022.